Al cumplirse cinco años de la trágica explosión del depósito de municiones de Nkoantoma, y al persistir la opacidad impuesta por el régimen en torno al balance humano y material del triste suceso, la plataforma NEXOS GE apela al deber de transparencia exigible del gobierno. A cuyo efecto, NEXOS GE requiere la comparecencia ante la Cámara de los Diputados de la máxima autoridad a cargo de defensa y seguridad, el vicepresidente de la república, al objeto de rendir cuenta a la opinión pública nacional e internacional, de las repercusiones del trágico suceso y de las medidas adoptadas a favor de sus víctimas mortales y supervivientes. En los siguientes términos.
Balance de pérdidas humanas y daños materiales.
Mientras en la idéntica explosión del polvorín de Mpila (4 de marzo de 2012, Brazzaville) se llevó a cabo una operación transparente de contabilización de las personas afectadas, el régimen guineoecuatoriano no ha presentado, a día de hoy, el recuento exacto de los fallecidos y de los mutilados a consecuencia del trágico suceso. Obstinándose, en su lugar, en minimizar su macabro impacto, fijando inicialmente el número de fallecidos en 17 (cuenta twitter del ministerio de sanidad), y luego en 98 (gabinete de comunicación de la vicepresidencia de la República), siendo reajustado progresivamente por los medios internacionales (un informe de la BBC lo elevo a 108 personas). Mientras que testimonios anónimos concordantes sitúan el balance de muertos en varios centenares de personas (entre militares y civiles).
De igual manera, los informes de los distintos organismos internacionales presentes en el epicentro de las explosiones tampoco abarcan el recuento de las victimas (pese a tratarse de una premisa indispensable para la elaboración de planes de asistencia al gobierno guineoecuatoriano), limitándose a la valoración de daños materiales. De tal manera que el Plan Coordinado de Respuesta Humanitaria y Recuperación del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) sostiene que el trágico suceso afecto a 16.000 personas (mujeres, hombres, adolescentes, niñas, niños). Mientras que para el informe del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África (UNREC), las destrucciones afectaron a 600 familias situadas en un radio de 3 kilómetros del epicentro de la explosión (según otras fuentes, las imágenes de satélite de UNOSAT mostrarían que la explosión causó daños considerables en un radio de 800 metros). El Informe de la UNESCO releva por su parte impactos sobre las infraestructuras escolares.
En fe de lo cual, en tanto que máxima autoridad del sector de defensa y seguridad del Estado, y en dicha calidad, responsable político de los disfuncionamientos del mismo, el vicepresidente de la republica debiera rendir cuenta públicamente del balance exacto de las pérdidas humanas y de los daños materiales derivados de las explosiones de Nkoantoma. Previa su determinación mediante un informe síntesis elaborado por expertos internacionales independientes, en el que se consignen los datos verificados por los organismos internacionales presentes en la escena del suceso, así como los testimonios de las victimas supervivientes y de los allegados de los desaparecidos.
Capacidad operativa de Protección Civil.
En aras de la protección de las personas y de los bienes en situaciones de riesgo, catástrofe o calamidad, el gobierno designo (en base a la ley número 4/2010 sobre prevención y protección civil) un comité nacional de emergencias. Al tiempo que encomendó a las firmas españolas INGENNUS y FOMENTO la construcción de 7 Parques de bomberos (2 de mayor tamaño en Bata y Malabo, y 5 satelitales en Luba, Annobon, Evinayong, Ebebiyin y Mongomo) y de 2 escuelas de formación de bomberos, por un coste superior a 22 billones de francos CFA (unos 30 millones de euros).
Con ocasión del trágico suceso de Nkoantoma, la impotencia y la incapacidad organizativa del gobierno quedaron sin embargo a la vista de todos, ante la ausencia de personal de rescate y de primeros auxilios, a cargo de la referida entidad de protección civil. Ante lo cual, el vicepresidente de la república debe informar acerca de las medidas adoptadas en aras de la efectiva materialización de la referida estructura de protección civil.
Capacidad funcional del sistema sanitario.
El vicepresidente debe informar a la Nación acerca de las reformas acometidas en el sector sanitario desde la tan citada catástrofe de Nkoantoma. Toda vez que la misma puso de relieve la extrema precariedad del sistema hospitalario de nuestro País (instalaciones vetustas, insuficiencia de personal médico, inexistencia de equipamientos, inexistencia de ambulancias, etc.), suplida con tal ocasión por la ayuda humanitaria de la Unión Europea (Francia y España), de Israel y de los Emiratos Árabes Unidos, a cuyos puestos médicos móviles se encomendó la atención a los damnificados.
Por tanto, el vicepresidente debe clarificar acerca de la disponibilidad o no, desde entonces, de servicios de dermatología quirúrgica (para atender quemaduras graves), de ortopedia y de reeducación a favor de los cientos de mutilados a consecuencia de las explosiones. Y debe, en el mismo ámbito, informar acerca de la disponibilidad de servicios médicos para atender las gravísimas secuelas psicológicas de las víctimas de las explosiones.
Desminado y descontaminación medioambiental.
Con ocasión del lamentable suceso de Nkoantoma, un informe del MAG (Mining Advisory Group) relativo a la CBRNE (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear explosion) apuntó a una importante propagación de nitrato de amonio (contenido en los explosivos), como factor de riesgo para la habitabilidad del epicentro de las explosiones y de las zonas aledañas. Debiendo por tanto informar el vicepresidente si se llevó a efecto la descontaminación de las zonas afectadas por las explosiones.
En el mismo sentido y para conjurar el riesgo de contaminación en los pozos y en los ríos debido al flujo de agua y la erosión de residuos de las explosiones, se preconizo una evaluación prioritaria del estado del suelo y de la contaminación del agua, tanto en el epicentro como en las zonas aledañas. Al mismo tiempo que se recomendó al Gobierno la implementación de políticas a largo plazo en materia de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH, en sus siglas en inglés). Toda vez que los sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado debían formar parte del plan de respuesta humanitaria inmediata. Debiendo por tanto informar el vicepresidente si se llevaron a efecto tales preconizaciones.
Medidas de realojamiento y de reconstrucción.
A tenor de los ante citados informes, a raíz de las explosiones unas 300 casas quedaron totalmente destruidas en el recinto del cuartel militar afectado (el epicentro de las explosiones). Mientras que en las zonas aledañas situadas en un radio de 3 km del epicentro, unas 600 familias (unas 16.000 personas) quedaron sin hogar a consecuencia de las explosiones. No consta a día de hoy que se hayan realojado (ni provisional ni definitivamente) a dichas personas (con la salvedad tal vez de los militares), ni consta que el gobierno haya contribuido a la reparación o reconstrucción de sus viviendas. Habiéndose concentrado la construcción de viviendas sociales en la ciudad fantasma de Oyala, destinadas a los funcionarios forzados a trasladarse a la misma. Lo cual contrasta con el precedente congolés, para el que se realizó una evaluación del coste de las destrucciones, y se elaboró un plan de realojamiento provisional y un programa de construcción de viviendas sociales para la reinserción de las víctimas de las explosiones del polvorín (de 5000 viviendas sociales valoradas en 233 billones de XAF parcialmente financiado por contribuyentes internacionales).
En definitiva, y tal como se ha señalado en relación al necesario balance de pérdidas humanas y daños materiales, el vicepresidente de la república debe informar detalladamente a la opinión pública, a través de su comparecencia ante la Cámara de los Diputados, acerca de las medidas adoptadas desde entonces en aras del realojamiento de los damnificados.
Cuantificación de los daños y perjuicios e indemnizaciones.
Indudablemente, la catástrofe de Nkoantoma supuso una ruptura del equilibrio social y psicológico de las víctimas de la misma, de sus familias y de la colectividad en su conjunto. Aparte de las innumerables pérdidas humanas, las victimas supervivientes perdieron sus viviendas y todas sus pertenencias, y afrontan diversos retos desde entonces, minusvalías físicas, desempleo, dificultad de inserción profesional, exclusión social, perdida de autonomía y dependencia, etc. Cuya valoración se encomendó a los órganos competentes a los efectos resarcitorios. A día de hoy, el gobierno no ha abonado las correspondientes prestaciones a título de resarcimiento de daños y perjuicios, reparación o reconstrucción de viviendas, etc. Si bien se anunció que el gobierno desbloquearía la suma de 700 millones de francos CFA (una suma irrisoria por consideración de los cuantiosos daños irrogados por la catástrofe) para indemnizar a las víctimas mortales y a los mutilados. El vicepresidente de la república debe, por tanto, informar a la opinión pública acerca de las medidas efectivas adoptadas en aras del resarcimiento de los daños y perjuicios acarreados a las víctimas de las explosiones.
Responsabilidad política.
En declaraciones públicas, el presidente de la republica anunció haber instruido a las instancias competentes emprender las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de lo ocurrido y la depuración de las responsabilidades que hubieren lugar. Si bien con ocasión de una entrevista al medio oficial TVGE, el presidente de la republica afirmó entonces que las explosiones fueron causadas por una negligencia de la unidad responsable de la custodia de los explosivos, toda vez que el almacenamiento inadecuado de municiones (en contenedores situados en la explanada del cuartel) lo habría expuesto a un incendio originado por la quema de tierras de cultivo colindantes al cuartel.
En efecto, numerosos testimonios independientes y concordantes confirmaron que las explosiones mortales acaecieron a consecuencia de un incendio forestal que se propagó al contenedor dispuesto en la explanada central del cuartel militar de Nkoantoma, en el que se hallaban almacenados los explosivos y las municiones. Si bien a tenor de la normativa internacional sobre gestión de municiones y explosivos (Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones), un contenedor estándar (sin modificaciones específicas de protección anti fragmentos) no puede destinarse al almacenamiento primario de municiones y explosivos. Ante el riesgo potencial de explosión y de desintegración propiciado por la presión excesiva de las municiones y los explosivos almacenados. Siempre a tenor de la referida normativa internacional, por razón de las características del cuartel de Nkoantoma, y de las grandes cantidades de explosivos y municiones almacenados, debió considerarse la obligación de construir un depósito de municiones común y centralizado, con garantías mínimas de protección física y seguridad contra incendios, desastres naturales y entrada no autorizada (vallas o barreras). Un depósito de municiones alejado preceptivamente de las zonas de alojamiento circundantes, cuya gestión debiera confiarse a oficiales técnicos superiores de municiones (el informe del UNREC señala a tal efecto como prioritaria la formación del personal militar en el manejo y almacenaje del material explosivo, y la necesidad de mejorar el diseño de las infraestructuras de almacenaje de municiones).
En su lugar, una sucesión de errores imputables a la máxima autoridad de mando conllevó a la repetida catástrofe. En Guinea Ecuatorial la construcción de los cuarteles y depósitos de municiones relevan de constructoras sin especialización en el sector (a las que sin embargo incumbe la fijación de la ubicación no solo del cuartel sino y del depósito de municiones). Confluyendo la actuación de la supervisora nacional GEPROYECTOS en dicho laxismo, al carecer de la necesaria aptitud técnica para realizar su cometido.
En definitiva, al ordenar la ubicación del depósito de municiones y de explosivos en un contenedor expuesto en la explanada de un cuartel inmerso en una zona residencial civil, la autoridad de mando se situó deliberadamente en violación de la vigente normativa internacional. Consecuentemente, la responsabilidad política por las pérdidas humanas y por los daños materiales derivados de las explosiones de Nkoantoma incumbe al vicepresidente de la república, en tanto que máximo órgano decisorio y de concepción de la política sectorial de defensa y seguridad del Estado, recogida en el llamado “Plan de Acción Sectorial”. En el que se enmarcan la construcción de cuarteles militares y de política, la adquisición de equipamientos y medios logísticos, la cooperación internacional, la inspección periódica de cuarteles militares y de policía, etc. Conforme atesta su omnipresencia institucional, desde que le fueran conferidas tales prerrogativas exclusivas, todos los demás miembros de gobierno a cargo del sector de defensa y seguridad actúan estrictamente bajo sus directrices y carecen de potestad decisoria en relación a la implementación de la referida política sectorial. Debiendo exigírsele la exclusiva responsabilidad política, y/o penal, derivada del error de concepción y de construcción de cuarteles militares y de policía, y de depósitos de municiones y explosivos, que conllevaron la mayor tragedia de la historia de nuestro País.
Dado en Madrid a 9 días de marzo de 2026.
PLATAFORMA NEXOS-GE
