Estimados Compatriotas,
Para justificar el traslado de la capital al poblado de Oyala, tras argüir la supuesta voluntad de afrontar retos urbanísticos (cuya inconcurrencia quedo sobradamente demostrada a través de nuestro precedente manifiesto), el régimen pretendió enmarcar dicha decisión en una estrategia integral de seguridad nacional tendida a la prevención de riesgos de desestabilización. Al estimar que la ubicación de la nueva capital sería más propicia, a tal efecto, que la de la ciudad de Malabo. Una falacia mediante la que se trata de asimilar la exigencia de alternancia democrática (impedida desde hace 46 años!) a un riesgo contra la seguridad del Estado (asumiendo que el régimen es el Estado).
De la interversión de la política de seguridad nacional
La función conferida a las fuerzas armadas nacionales (defender el País contra las agresiones externas, preservar la integridad territorial y el funcionamiento de las instituciones) y a los cuerpos de seguridad (preservar el orden público, la seguridad de la ciudadanía y de sus bienes, auxiliar a las autoridades judiciales en relación al proceso penal, etc) solo se concibe en un estado de derecho, en el que el posicionamiento de tales cuerpos de defensa y seguridad del Estado, tanto institucional (sumisión al legitimo poder político) como organizativo (neutralidad política, profesionalismo) redundan en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tanto que éstos constituyen el fin último de todo Estado. Sin embargo, la labor asignada por la dictadura a los cuerpos de defensa y seguridad (entre las que existe una perfecta imbricación por relevar de un mando único) es la de garantizar la seguridad de la cleptocracia y de las fuentes de extorsión (instalaciones petrolíferas off shore). Lo cual los relega a la defensa de la violación del estado de derecho (bajo el dogma « obstruir la alternancia democrática o mediante destitución »), merced a una interversion de la noble misión que les asigna la vigente Ley Fundamental.
Incumbe en efecto a los cuerpos de defensa y seguridad la siniestra labor de control político de las masas populares y de persecución de la disidencia, a través de una trama internacional de terrorismo de Estado que el régimen pretende ocultar mediante una intensa campaña propagandística (desplegada por prestigiosos medios internacionales). Aun cuando la misma se ha revelado a la opinión publica internacional a través del proceso penal actualmente en curso ante la Audiencia Nacional española (en el que han resultado procesados el hijo del tirano y el resto de la cúpula directiva de defensa y seguridad). Por ende, la actual campaña conducida por la ONU contra los cambios políticos inconstitucionales en el continente africano (promovida y liderada por la dictadura guineoecuatoriana para desacreditar la demanda de restauración del estado de derecho en nuestro País) no ha logrado mitigar el desprestigio acarreado por el referido proceso judicial español.
En definitiva, las fuerzas de defensa y seguridad se configuran a día de hoy como una milicia familiar dirigida por el hijo del tirano Teodoro Nguema Obiang (el sucesor constitucional) y su cuñado Victoriano Bibang Nsue Okomo, y otros miembros de su familia directa (sus hijos autonombrados generales, Hugo Obiang Nsue, Gabriel Mbega Obiang Lima, Alberto Nguema Obiang, Ruslan Obiang Nsue, Inocencio Ngomo Obiang, Carmelo Ovono Obiang). A nivel organizativo, las fuerzas de defensa y seguridad se caracterizan por la incompatibilidad de sus máximas autoridades de mando (al ser miembros de gobierno), el reclutamiento masivo de tropas y los relevos arbitrarios de los oficiales generales (suplidos por el intrusismo familiar) mediante el acoso judicial (jurisdicción militar), la reafectación a funciones administrativas y diplomáticas, los confinamientos, los asesinatos, etc, de los que resulta una inaptitud estructural a garantizar la seguridad ciudadana.
En efecto, y si bien nuestro País afronta una creciente inseguridad ciudadana (directamente relacionada con las altísimas tasas de pobreza y de desempleo juvenil), su erradicación no figura al rango de las prioridades de la política de seguridad nacional del régimen. Tal como reflejan la falta de voluntad política y el laxismo en la represión de la delincuencia común (multiplicidad de robos, atracos, estafas, violencias, homicidios, etc).
De la relegación de la seguridad ciudadana.
Aun cuando la financiación del sector de defensa y seguridad se realiza al margen de los cauces presupuestarios oficiales (de manera estrictamente opaca), su amplitud es perceptible a través de las (ingentes) dotaciones inmobiliarias (cuarteles y centros de formación por todo el ámbito nacional) y de las sucesivas adquisiciones de equipamientos destinados a su funcionamiento. De igual manera, la revelación del ya aludido entramado internacional de terrorismo de Estado (contratación de servicios de inteligencia, de detectives y mercenarios extranjeros, para perpetrar secuestros y asesinatos de disidentes de la diáspora) puso de manifiesto la relevancia económica de los medios logísticos asignados a la represión política. La cual absorbe, a la vez, la totalidad de la asignación presupuestaria destinada al sector, y de los fondos soberanos sustraídos al margen de toda exigencia de transparencia.
De contrario, y pese a la saturación propagandística a la que recurre sistemáticamente el régimen, no puede ocultarse el desbarajuste organizativo de los cuerpos asignados a la seguridad ciudadana (deficiente formación e insuficiencia de equipamientos). El cual se refleja en la impreparación ilustrada a través de la gestión catastrófica de sendos operativos.
Pendencia de investigaciones por presuntos asesinatos. A colación de la propia subordinación del poder judicial, la policía no ha llevado a cabo investigación alguna (cuando no lo ha obstruido) acerca de presuntos asesinatos perpetrados recientemente. Tales como el del general de ejército Elias Nguema Ebang, de los coroneles Antonio Obama Mincha y Francisco Ripeu Boko, del capitán Víctor Oburu Efua, del vicepresidente segundo del Consejo Nacional para el Desarrollo Economico y Social Leoncio Amada Nse Nlang, del ex embajador German Ekua Sima, del director general de derechos humanos Manuel Mba Nchama, de destacadas personalidades como Pedro Candido Tomo Edu, etc.
Pendencia de la investigación sobre la muerte de reclusos por hacinamiento y privación alimentaria (« Operación Limpieza »), a raíz de la detención arbitraria de más de 1000 estudiantes en mayo de 2022, fuentes anónimas alertaron a la opinión publica acerca del probable fallecimiento de más de un centenar de ellos a consecuencia de hacinamiento y de privación alimentaria (una información enlazada por prestigiosas organizaciones pro derechos humanos y por el informe “Country Reports on Human Rights Practices: Equatorial Guinea 2022”, del Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor). A raíz de la condena (en octubre de 2023) del capitán de policía Elias Obiang Ndumu y de su asistente, el teniente de policía Fernando Ntutumu (ambos presentados como autores confesos de los delitos de abuso de autoridad y negligencia, maltrato y tortura, perpetrados contra reclusos) el régimen reconoció la muerte de 7 de ellos, sin especificar sus datos filiatorios. En fechas recientes el régimen anuncio haber procedido a la liberación de al menos 47 reclusos detenidos en el marco del referido operativo ilegal (persistiendo no obstante en su afán de incumplir su deber de revelar su identidad y de publicar la lista completa de los detenidos, así como el contenido extenso tanto de la sentencia condenatoria como del auto de liberación).
Pendencia de la investigación sobre la crisis de los macheteros. Pese a ser identificadas a través de las redes sociales, varias bandas juveniles sembraron el pánico en las calles de las principales ciudades del País, en las que asaltaban esencialmente a ciudadanos de a pie (a los que atacaban a machetazo) para sustraerles teléfonos móviles y otros enseres personales. Todo lo cual discurría ante la resignación e indiferencia de los cuerpos de seguridad nacional (dando la impresión de complicidad o colusión con las referidas bandas de delincuentes). A día de hoy, los responsables políticos de defensa y seguridad no han informado a la opinión publica acerca de las circunstancias que propiciaron su aparición y posterior desaparición repentina (habiéndose especulado acerca de una posible maniobra intimidatoria del mismo régimen).
Pendencia del informe final sobre el impacto de las explosiones de Nkoantoma. Las innumerables pérdidas humanas (evaluadas en varios centenares) y los cuantiosos daños materiales derivados de la explosión del polvorín de Nkoantoma resultaron de la impericia y de la negligencia de las máximas autoridades a cargo del sector de defensa y seguridad del Estado (violación deliberada de la normativa internacional al ubicar un cuartel militar en una zona residencial civil, ordenar el almacenaje de municiones y explosivos en un contenedor). Tal como reconoció el presidente de la república, las explosiones fueron causadas por una negligencia de la unidad responsable de la custodia de los explosivos. Si bien no se ha procedido a día de hoy (al termino del simulacro de juicio militar organizado al efecto) al recuento transparente de las víctimas mortales, ni se han adoptado medidas resarcitorias a favor de las victimas supervivientes (en su mayoría mutiladas).
Pendencia del informe sobre el asalto al palacio presidencial de Malabo (17 febrero 2009) por presuntos miembros del Movimiento de Emancipación del Delta del Níger (MEND), al objeto de apropiarse los fondos depositados en cajas fuertes. El cual puso de relieve la impreparación y la incapacidad notoria de los cuerpos de defensa y seguridad del Estado. Previamente, el mismo grupo paramilitar perpetró un atraco a varios bancos de Bata el 5 diciembre 2007 (SGBGE, CCEIBANK, BGFI, y BEAC), en pleno día y ante la presencia de los llamados cuerpos de defensa y seguridad. Con tal ocasión, el perjuicio irrogado a las entidades bancarias se elevó a más de mil millones XAF.
Pendencia de la investigación sobre la trama de malversación de fondos públicos. Aun cuando pende escrutar su vertiente nacional (ante la subordinaciónpolíticadel poder judicial y la complicidad de los cuerpos de defensa y seguridad), la amplitud de la trama de malversación de fondos públicos que acomete la oligarquía dirigente ha sido calificada de descomunal por todos los expertos (a tenor de la revista Forbes) a raíz de numerosas investigaciones periodísticas, policiales o judiciales (informes del Senado y del ministerio de justicia de los EE.UU sobre el caso Riggs Bank, informes « Dubai Unlock » y « Dubai Uncovered », etc), y de sendos pronunciamientos judiciales, de la Corte Internacional de Justicia, de los tribunales franceses, suizos, españoles, surafricanos, brasileños, etc). Lo cual confinó a la inidoneidad del Estado guineoecuatoriano para instar la restitución de los activos financieros confiscados por las justicias francesa y estadounidense (blanqueados bajo su jurisdicción), al ser representado por los mismos autores de la malversación y blanqueo de tales activos financieros (sus dirigentes políticos). Una inidoneidad que debiera ser extensiva al manejo de fondos públicos del Estado, si no lo impidiera la impunidad conferida a sus autores.
La incapacidad del Estado (del sistema judicial y de los cuerpos de seguridad nacional) de atajar la descrita extorsión financiera mediante el enjuiciamiento de sus autores (algunos condenados ya en el extranjero por tales delitos, como el vicepresidente de la república) lo designa como un riesgo existencial para nuestro País. Toda vez que a consecuencia de la sobrevenida insolvencia del Estado (bajo el efecto cumulado de la referida depredación de las finanzas públicas y de la ralentización de la economía petrolera), y a pesar de haberse granjeado ingentes recursos financieros durante más de tres décadas de explotación petrolífera, el País no ha estado en medida de garantizar la disponibilidad de los servicios públicos esenciales a la ciudadanía. No habiendo alcanzado ninguno de los objetivos estratégicos fijados en el plan de desarrollo estratégico denominado « Horizonte 2020 » (su nivel de desarrollo humano no ha mejorado desde la era anterior a la explotación petrolífera).
Resultando, al concluir el pasado año 2025, una alarmante persistencia de la pobreza generalizada, con una tasa de pobreza que ronda los 70% (de los que 40% de extrema pobreza), un salario mínimo de 129.000 FCFA (184 euros) mientras los precios al consumo son 40% más altos que en España. Nuestro País Guinea Ecuatorial ocupa a día de hoy el ranking 133 del IDH (de entre 193 países), siendo la tasa de desempleo de cerca del 40%, como resultado de la extraversión y del decaimiento de la economía petrolera y gasística, única fuente de ingresos del País. La degradación del contexto socioeconómico (que suscita una alarma internacional) se refleja en la falta de protección social y de atención médica, de vivienda y de servicios básicos como la distribución de agua potable, de fluido eléctrico, de alimentación, etc. Cuyo impacto social se percibe a través del aumento exponencial de la delincuencia juvenil, la aparición de la mendicidad, la desescolarización, la emigración juvenil. Por tanto, una deriva socioeconómica que se ve agravada en el actual contexto de sucesión dinástica, ante la notoria incapacidad del gobierno de revertir la calamitosa gestión económica del sector público (bancarrota de todos los entes públicos y de las empresas paraestatales, CEIBA, INSESO, TDT, GETESA, etc).
De la externalización de la política de seguridad nacional.
La desestructuración de las élites militares y policiales iniciada desde los albores de la dictadura imperante (desarme de los héroes del 3 de agosto, simulacro de juicios por presuntas tramas golpistas, ostracismo diplomático, etc) genera desde siempre tensiones en el seno de los cuerpos de defensa y seguridad. A raíz de lo cual el régimen manifestó desde el inicio desconfianza y desconsideración hacia las élites militares (grupo de Zaragoza, generaciones sucesivas de oficiales y suboficiales formados en el extranjero, España, Rusia, estados Unidos, etc) optando consecuentemente por la externalización de las labores asignadas constitucionalmente a los cuerpos de defensa y seguridad.
En efecto, desde el advenimiento de la actual dictadura, la llevanza de la política de seguridad nacional se ha externalizado a favor de destacamentos militares extranjeros o del mercenariado internacional. En septiembre de 1979, antes del juicio del hasta entonces dictador Macias Nguema, su sucesor Obiang contrata a un contingente de cientos de mercenarios provenientes de Marruecos para garantizar su seguridad personal y realizar accesoriamente la vigilancia de los compañeros de armas autores del golpe de estado que le aupó al poder (a los que sospecha de intentar derrocarle). El referido contingente marroquí permaneció en Guinea Ecuatorial hasta finales de abril de 2012, fecha en la que se señala su salida del País sin alegarse razones oficiales. Antes de que lo verificara (concretamente en el año 2004), el régimen suscribió un acuerdo de cooperación militar con el régimen de Zimbabue dirigido por Robert Mugabe (tras fracasar la intentona golpista dirigida por Simon Mann) que redundó en el envío de más de 300 paramilitares a nuestro País.
Otra consecuencia de la intentona abortada de Simon Mann es la ampliación de la cooperación militar y de seguridad con Israel,iniciada igualmente en 2004, con las empresas Israel Military Industries (venta de patrulleras por valor de diez millones de dólares), Sistemas de Defensa Aeronáutica de Yavne (venta de drones). Merced a la mediación de la empresaria Yardeba Ovadia y de los generales de ejércitos Shlomo Ilia y Boaz Badihi el régimen compro armas en Israel por valor de más de cien millones de dólares, a las compañías Israel Shipyards Ltd. e Israel Military Industries Ltd (adquisición de buques de escolta y de patrulleras, vehículos acorazados, municiones, etc). El régimen contrato asimismo los servicios de la empresa israelí Sparta Security Solutions para entrenar a las fuerzas especiales de Guinea Ecuatorial.
A partir de 2010, el régimen extiende la cooperación militar con Francia para garantizar la seguridad de sus instalaciones petrolíferas offshore (su principal fuente de rapiña). La dirección de cooperación de seguridad y de defensa del ministerio francés de asuntos exteriores crea a tal efecto en Tica (Bata) una de sus 17 escuelas nacionales de vocación regional (ENVR) africanas. Cuya misión es formar a la marina nacional y a la de otros países de la subregión, a los que se encomienda la vigilancia de las costas de Guinea Ecuatorial y del golfo de Guinea en general, así como la escolta de los tanqueros de petróleo. El régimen realiza a tal efecto unos suntuosos gastos para adquirir sendos navíos militares (fragatas y patrulleras de alta velocidad). Al mismo fin y durante el mismo periodo, el régimen contrata los servicios de la firma norteamericana (Military Professional Resources Initiative (MPRI) para la instalación de radares de vigilancia costera por valor de 250 millones usd.
En 2015 el régimen suscribe un acuerdo militar con Rusia (visitas reciprocas, maniobras y ejercicios conjuntos, construcción naval, hidrografía, búsqueda y salvamento marítimo, formación, acciones humanitarias). A colación de los precedentes acuerdos de suministro de armamento y de adiestramiento de tropas, reconducidos en 2011, revisados y ampliados en 2015 y posteriormente en 2017, para extenderse a la cooperación en materia de seguridad marítima, y para permitir el despliegue del grupo paramilitar Africa Corp en nuestro País, los cuales proporcionan seguridad personal al tirano Obiang y a su hijo Teodorin (en el actual contexto de transmisión dinástica del poder).
En febrero de 2017 el régimen procedió a reforzar el descrito dispositivo mediante la contratación de 300 fuerzas especiales de Uganda, destinadas a “apoyar la profesionalización del Ejército de Guinea Ecuatorial”. En enero de 2020, el régimen fomenta y financia la creación del Comité de los Servicios de Inteligencia y Seguridad en África (CISSA) de la Unión Africana, destinada oficialmente a promover el intercambio de información de inteligencia entre los países africanos en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza y, en realidad, para coadyuvar a la labor represiva del régimen. Finalmente, el régimen suscribe en mayo 2024 el « acuerdo estratégico integral de cooperación » suscrito con China para la operatividad de la base naval de Bata. A través de la que afianza su repliegue hacia el eje sino-ruso (principal baza para la efectividad del plan de sucesión dinástica a favor de su hijo).
En realidad, pese a adquirir una significativa flota naval en Israel y en Ucrania (para garantizar la seguridad de las instalaciones petrolíferas off shore), la participación del régimen al operativo internacional de protección de la seguridad marítima en el golfo de Guinea es en realidad insignificante. Al tratarse de una amplia zona (de unos 6000 km de costas comprendidas entre Senegal y Angola) de abastecimiento en petróleo para países como España, Francia y los Países Bajos. Los cuales participan en primer plano en la implementación de la estrategia de lucha contra la delincuencia marítima en el Golfo de Guinea (diseñada por la Unión Europea en 2014), en la que confluyen igualmente los países de la CEDEAO, de la CEEAC y la Comisión del Golfo de Guinea (CGG). Bajo la financiación del Instrumento en pro de la Seguridad y la Paz (IEP) y del Fondo Europeo de Desarrollo (FED).
Relevándose que desde la creación de su base naval en Yibuti, el ejército popular de liberación chino inició igualmente una campaña para construir una presencia marítima en el golfo de Guinea, y en la fachada atlántica del continente africano en general (en aras de una creciente proximidad al territorio estadounidense), a través de inversiones comerciales y de instalaciones de seguridad (en Gabón, puertos comerciales en Kribi, Lekki y Lomé). Una visión en la que se inscribe el proyecto de base naval de Bata (al que el gobierno de los EE.UU se opuso frontalmente). Precisamente, la estrategia de los EE.UU y de la OTAN en dicha zona geoestratégica (su flanco sur) consiste en contrarrestar a Rusia y a China potenciando la seguridad marítima, el contraterrorismo y la defensa antimisiles, e incrementando la cooperación con los países de la subregión a través de la ONU y de la UE. Para contrarrestar la pérdida de credibilidad y apoyo en la región, la OTAN pretende redoblar esfuerzos para mejorar su imagen ante las poblaciones regionales. Mediante un enfoque individualizado y adaptado con sus socios a través del Diálogo Mediterráneo (DM) y la Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI).
En definitiva, al tiempo que procede continuamente a la desestructuración de las élites militares y policiales nacionales, el régimen promueve la incapacitación de sus propios cuerpos de defensa y seguridad a favor de la externalización de dicha esencialísima función soberana del Estado.
Epilogo
El traslado de la capital a Oyala no se concibe desde la necesidad de protección de la seguridad ciudadana, sino desde la visión de reforzamiento de la protección personal del tirano y de su sucesor. Una finalidad a la que obedece la contratación masiva de mercenariado internacional (Africa Corp, Krimson, Israel, Biolorusia, Uganda y Zimbabwe) al que se asigna dicha labor para prevenir veleidades de deposición por parte de las fuerzas armadas nacionales. En dicha tesitura, los acuerdos de cooperación suscritos por el régimen en materia de defensa y seguridad con otros Estados y con organizaciones internacionales no responden a la necesidad de afrontar riesgos conflictuales, sino que participan de su voluntad de ocultación de la trama internacional de terrorismo de Estado que acomete contra la disidencia. En tal sentido, la descrita política de seguridad nacional constituye a día de hoy el principal factor de inestabilidad política y de riesgo existencial para nuestro País (la paz precaria impuesta por la represión sangrienta). En la medida en que se avera incapaz de contener la demanda de libertad política y de alternancia democrática sostenida por el Pueblo desde hace medio siglo, abocando consecuentemente al País a un riesgo permanente de implosión socio-política.
Dado en Madrid a 25 días de marzo de 2026.
