El reciente cese del primer ministro Manuel OSA NSUE y de los demas miembros del gobierno (con la salvedad del mismo presidente de gobierno y del vicepresidente) nombrados hace escasamente 2 años tras el cese de la anterior primera ministra Manuela ROCA BOTEY (nombrada el 31 de enero de 2023 y cesada el 26 de julio de 2024) apela las siguientes puntualizaciones :
1. El desacierto del gobierno saliente es imputable al mismo presidente del gobierno y al vicepresidente de la República.
En efeco, consta debidamente que desde el inicio del proceso de sucesión dinástica, el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang ha venido ejerciendo de facto, pública y notoriamente, la presidencia del gobierno en sustitución de su padre, el presidente de la República (artículo 41 LFGE), cuyo retraimiento se justifica por su estado de salud declinante. Habiéndo asumido asímismo, desde entonces, la dirección efectiva de todas las demás instituciones del Estado, a las que imparte instrucciones y órdenes desde las redes sociales.
En tal sentido, el fracaso del gobierno saliente y de los anteriores gobiernos, en relación a la consecución de los objetivos de desarrollo socioeconómico, debe atribuirse exclusivamente al presidente de la República, en su calidad de jefe del gobierno, y al vicepresidente que le sustituye en dicha función. En la medida en que los demás miembros del gobierno, desde el Primer Ministro hasta los secretarios de Estado, carecen de poder decisorio y permanecen, de facto, adscritos a una mera obligación de sumisa obediencia a padre e hijo.
2. El desacierto del gobierno saliente es imputable a la falta de voluntad política para promover el desarrollo socioeconómico.
A pesar de disponer de ingentes recursos derivados de la extracción de petróleo y gas desde hace tres décadas, el régimen no ha consagrado sino una ínfima parte de los mismos (menos del 5%) al desarollo humano. De tal manera que a día de hoy, las cotas de empobrecimiento reflejadas en una elevadísima tasa de pobreza y en otros indicadores socioeconómicos, suscitan una alarma internacional. En la medida en que situan a Guinea Ecuatorial entre los países más pobres y más subdesarrollados del continente africano.
De lo cual se infiere una incuestionable falta de voluntad política que trata de ocultar la campaña propagandística desplegada por el asesor ruso « Iniciativa Africana », pero que revelan con creces informes imparciales de organismos internacionales como el Diagnóstico de Pobreza y Equidad de Guinea Ecuatorial (elaborado por el Grupo Banco Mundial), y el Plan de Asistencia Financiera Urgente emitido por el Fondo Monetario Internacional.
En efecto, pese a anunciar airadamente (a través de sus organos de propaganda) haber erradicado la pobreza en el Paóis merced al plan estratégico de desarrollo « Horizonte 2020 », el régimen reconocía seguidamente que la adopción de la subsiguiente « Agenda Guinea Ecuatorial 2035 » respondía a « la necesidad de promover el desarrollo humano y el bienestar de los ecuatoguineanos, mediante la erradicacion del hambre y la pobreza ».
Si bien pende a día de hoy la justificación de los ingentes recursos financieros asignados entonces a la realización del precitado plan estratégico H2020 (y que fueron desviados por la oligarquía dirigente, conforme atesta la irrealización del tan citado plan estratégico).
Sin perjuicio de lo cual, la formulación del referido plan estratégico en curso (Agenda GE 2035) aparece más conforme a la realidad sociopolítica descrita por los organismos internacionales. La cual se caracteriza por la persistencia de la pobreza generalizada, consecutiva a la malversación de las finanzas del Estado por parte de la oligarquía dirigente, a la que se anuda a su vez el fracaso del gobierno saliente y de todos los anteriores.
3. El desacierto del gobierno saliente es imputable al desvío de los recursos financieros del Estado por la oligarquía dirigente.
Conforme se deduce de su discurso de circunstancia, el presidente del gobierno y su hijo el vicepresidente pretenden eximirse de toda responsabilidad atribuyendo el fracaso de su política a los eslabones inferiores encargados de su ejecución (en aplicación de la regla de reversión del estigma preconizada por « Iniciativa Africana »). Sin embargo, el desacierto del gobierno saliente no es únicamente tributario de su impericia (aun cuando ésta fuera notoria), sino también de la insuficiencia de las dotaciones financieras. La cual se anuda a la priorización de proyectos suntuosos carentes de plusvalía social y económica (como el de la construcción de una nueva capital política en el poblado de Oyala), y sobre todo, a la referida trama de malversación sistemática de los fondos del Estado por parte de la oligarquía dirigente, en detrimento de las misiones de interés general asignadas al Estado.
En efecto, a día de hoy, numerosos informes y pronunciamientos judiciales extranjeros (por razón de la impunidad que confiere la señalada subordinación políttica del poder judicial) atestan inequivocamente que la indisponibilidad de recursos para financiar el desarrollo humano en Guinea Ecuatorial se debe a su desvío y reafectación ilícita al patrimonio privado de la oligarquia gobernante a través de una extensa red internacional de malversación y blanqueo. Véanse a tal efecto el esquema corruptivo descrito en el informe del Senado estadounidense sobre la disolución del Riggs Bank, la sentencia francesa del caso de los bienes mal adquiridos, las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, de los tribunales suizos, surafricanos, brasileños, españoles, los acuerdos extra-judiciales con el ministerio de justicia de los EE.UU, los informes en curso, « Dubai Unlock », « Dubai Uncovered », « Kokorev », etc.
A nivel nacional, las llamadas « auditorías de entes públicos y empresas estatales » revelan día a día la amplitud de la vertiente nacional de dicha trama corruptiva. La cual se antoja igualmente descomunal, aun cuando a día de hoy se oculte la participación de sus principales promotores (citados públicamente por los imputados pero protegidos por la oligarquía gobernante).
4. La reversión de la deriva sociopolítica del País debe encomendarse a un gobierno de transición.
A la vista del desastroso balance expuesto ut supra, y ante la certeza de que la proyectada sucesión dinástica conllevara una inexorable degradación del descrito contexto socioeconómico y político, la plataforma NEXOS GE apela consecuentemente al deber de injerencia humanitaria de la comunidad internacional para propiciar una transición política inclusiva, encaminada a la restauración del estado de derecho.
Dado en Madrid a 18 dias de junio de 2026.
