Carta abierta a David R. GILMOUR

Señor Embajador,

Ante la alarma social suscitada por la concertación del acuerdo de deportación de inmigrantes clandestinos a Guinea Ecuatorial, y por el pago de 7,5 millones de usd concedido por el gobierno de su País al vicepresidente Teodoro Nguema Obiang, séanos permitido exponerle las siguientes reflexiones.

Tras deponer al entonces presidente de la República Macias Nguema Biyogo en 1979 (segun el comunicado publicado entonces por el Consejo Militar Supremo, « por violar la constitución, cometer crímenes políticos y delitos contra el erario público, y por violar los derechos humanos »), el teniente coronel Teodoro Obiang Nguema prometió restaurar el orden constitucional advenido democráticamente en 1968, y propiciar la celebración de elecciones libres y democráticas. En su lugar, tras auto exculparse de la responsabilidad que le incumbía por su participación en la perpetración del genocidio político macista, el teniente coronel Obiang se acaparó a la fuerza la dirección política del Estado, ejerciéndolo desde entonces de manera despótica, merced al otorgamiento de un ordenamiento constitucional meramente enunciativo.

En efecto y pese a adherirse formalmente al derecho internacional y proclamar el advenimiento de una democracia multipartidista, el régimen instaurado por el teniente coronel Obiang se caracteriza por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el fraude electoral y la malversación de los fondos públicos. Conforme recogen los informes periódicos emitidos por la embajada de los Estados Unidos en Guinea Ecuatorial, por las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas, por OINGs como Amnistía Internacional, Human Right Watch y Transparencya International, por ONGs nacionales como NEXOS GE, así como trascendentes pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (relativa a los delitos continuados de malversación y blanqueo de fondos públicos) y del Tribunal Supremo Español (relativo a la trama internacional de asesinatos y secuestros de disidentes guineoecuatorianos).

Tratándose en concreto de los delitos económicos perpetrados por el tirano Obiang y sus adláteres en los EE.UU, los mismos vienen acreditados en el informe senatorial sobre el caso Riggs Bank (relativo a la malversación y el blanqueo de fondos públicos derivados de la explotación petrolera), y en el acuerdo extra judicial entre el ministerio de justicia de los EE.UU y el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang, relativo al blanqueo de fondos públicos en los EE.UU por valor de más de treinta (30) millones usd.

Por razón de la subordinación política del poder judicial (inefectividad del proclamado principio de separación de poderes), los referidos delitos continuados contra el erario público (acreditados igualmente mediante sendos pronunciamientos recaídos en procesos judiciales seguidos en otros países extranjeros como Francia, Suiza, Brasil, Suráfrica, etc) no han dado lugar, a día de hoy, a ninguna acción legal contra sus autores en Guinea Ecuatorial. Si bien, a consecuencia de los mismos, y a pesar de la ingente bonanza derivada de la extracción de petróleo, las cotas de miseria y empobrecimiento del Pueblo guineoecuatoriano suscitan una alarma internacional que requiere la asistencia urgente del FMI (a día de hoy la tasa de pobreza supera el 80%, y todos los demás indicadores sociales sitúan a Guinea Ecuatorial entre los países más pobres y más subdesarrollados del continente africano).

En fe de lo cual, y ante la veleidad de continuidad de la tiranía a través del iniciado proceso de sucesión dinástica (la cual conllevara una inexorable degradación del contexto socioeconómico y político), en cumplimiento de su deber de injerencia humanitaria, la comunidad internacional y los EE.UU deben propiciar una transición política pactada en Guinea Ecuatorial, en aras de la restauración del estado de derecho y de la democracia. Sin lo cual la opresión y la miseria generalizada seguirán forzando a la juventud guineo ecuatoriana a emigrar a los Estados Unidos de América, y a otros países cuya prosperidad se asienta en la solidez y estabilidad de sus instituciones políticas.

Señor Embajador,

La mala gobernanza solo genera miseria, y ésta fuerza a las víctimas a emigrar. Por tanto, mientras existan dictaduras, se mantendrá la presión migratoria sobre los países ricos, y la política de deportaciones (combatir los efectos y no las causas) no lograra revertirla.

En espera de que lo entienda. 

Del Colectivo de Disidentes de la Diáspora