3. La descapitalización de GUINEXTEBANK
Al margen del ante descrita volatilización de la asistencia financiera al programa de reactivación económica, el Teniente Coronel Obiang acomete simultáneamente la descapitalización del GUINEXTEBANK, banco de capital mixto, con participación del 50% del Banco Exterior de España, creado en 1980 para financiar al sector privado. En apenas cuatro ejercicios, la totalidad de los fondos dispuestos por dicho banco pasa en manos del teniente coronel Obiang a través de sus testaferros (personas físicas, o jurídicas creadas a tal efecto), mediante reversión de créditos concedidos sin criterios de solvencia. Derivando en pérdidas millonarias que llevan al gobierno de España a suspender su asistencia financiera al banco y a ordenar su liquidación.
Una trama corruptiva que induce la quiebra fraudulenta del banco.
Tal como afirma el presidente del Banco Exterior, Miguel Boyer (en octubre de 1988) ante la «comisión para el estudio del desarrollo de la cooperación entre España y Guinea Ecuatorial» del parlamento español «lo peor de todo es que el despilfarro económico (de GUINEXTEBANK) no hubiera revertido en favor del Pueblo guineano, sino que sólo benefició a la oligarquía política». Y que por tanto «comparte la tesis de un dirigente del Fondo Monetario Internacional según el cual Guinea Ecuatorial es el país más corrupto, desastroso e ineficaz que pueda imaginarse». Una valoración más que acertada de la evolución política que seguiría el País tras el intermedio macista, y que se caracterizara por un recrudecimiento del saqueo del patrimonio estatal.
En efecto, la trama corruptiva del GUINEXTEBANK (como decimos, a través de la concesión de créditos fraudulentos destinados a financiar actividades mercantiles inexistentes) es manifiestamente constitutiva de quiebra fraudulenta (tipificada como delito en la vigente ley penal). En la medida en que se trata de una insolvencia causada deliberada y dolosamente, mediante concertación entre los deudores y colusión entre el personal directivo del banco (destacados por el gobierno español) y los representantes del Estado guineoecuatoriano. Uno de los mayores escándalos corruptivos del que se beneficia en primer término el tirano Obiang, y que por tal razón ha sido ocultado siguiendo el consabido patrón de simulación de procesos judiciales y derivación de responsabilidades.
Así se plasma en los informes del departamento de análisis y planificación del Banco Exterior de España sobre los estados financieros de GUINEXTEBANK al 31 de octubre de 1986, y de los auditores PriceWaterHouse y Peat Marwick (de fecha 31 de marzo de 1987). A colación de ambos, el informe independiente de Luis de la Rasilla (“La cooperación española al subdesarrollo de Guinea Ecuatorial, oportunidades perdidas y propuestas frustradas en la década de los ochenta”) denuncia “la malversación del dinero del contribuyente, con el agravante de causar perjuicios irreparables a los destinarios de los fondos de ayuda al desarrollo, un pueblo que estaba y sigue estando en la miseria”, al tiempo que releva que “los nuevos demócratas (españoles) impusieron el silencio a los testigos cualificados, represaliando y violando los derechos constitucionales de quienes se atrevieron a denunciar los hechos”.
Una trama corruptiva de reversión de créditos fraudulentos.
A partir de su cuarto ejercicio (en 1985), el banco se encuentra en situación de quiebra técnica tras contabilizar perdidas de entre 1300 y 1500 millones de pesetas, pudiendo incluso alcanzar los 2500 millones de pesetas, acorde a los referidos informes del departamento de análisis y planificación del Banco Exterior de España y de PriceWaterHouse y Peat Marwick. Los cuales revelan la quiebra técnica y el grave déficit financiero que precipitara el cese de las actividades del banco a principios de 1988, poniendo de relieve la violación sistemática de los principios de contabilidad, y la asunción de un alto riesgo en la concesión de créditos sin criterios de solvencia a empresarios españoles, a familiares del dictador Obiang y a altos cargos afines, así como a personas o empresas identificadas como relacionadas con los mismos (unos créditos que representan más del 40% del déficit total de la entidad).
Precisamente, una de las personalidades clave en la trama de descapitalización del GUINEXTEBANK es el empresario español Francisco Roig Ballester (quien fue introducido en Guinea por José Luis Graullera, embajador en Guinea Ecuatorial desde diciembre 1979 hasta enero de 1981). «Paco Roig», como se le conoce popularmente, es por entonces un empresario desconocido, dueño de «Cárnicas Roig», una modesta empresa familiar de carnicerías y ultramarinos en su pueblo «La Pobla de Farnals » (provincia de Valencia). Sin embargo, en virtud de alianzas comerciales no divulgadas, el dictador Obiang le concede el monopolio de importación de alimentos a través de la firma Supermercados de Guinea S.A. (SUGUISA), de explotación maderera a través de la firma Maderas de Guinea S.A. (MAGUISA) y de producción agropecuaria a través de la mercantil Agropecuaria de Guinea S.A. (AGROGUISA). Obiang le concede asimismo la gestión del Hotel Bahía, que, según “Tiempo” (número 17, 1983), había sido requisado (ilegalmente) a otro empresario español.
Para realizar dichas actividades sociales, Paco Roig recurre a los préstamos del GUINEXTEBANK, que le son concedidos por orden del tirano por cuantías no especificadas en ningún informe de auditoría. Tan solo se revela que, al quebrar el banco, el empresario español le adeuda 1,6 M usd (165 millones de pesetas). Sin perjuicio de la previsible deuda tributaria contraída frente al Estado guineoecuatoriano en relación a la referida actividad social. A día de hoy, el interesado es propietario en España de la cadena de supermercados MERCADONA, de la que siempre se ha especulado que podría derivar del entramado corruptivo ligado a la quiebra de GUINEXTEBANK.
Aparte de “Paco Roig”, se estima que cerca de 80 empresas españolas operan y gestionan entonces el 90% de la economía de Guinea Ecuatorial con un volumen anual de negocios de 10.000 millones de pesetas (según un informe oficial de la Federación Española de Empresarios Españoles en Guinea Ecuatorial). Las mismas recurren al mismo modo de financiación (mediante préstamos de la extinta GUINEXTEBANK) y se acomodan de las exigencias financieras del tirano y de sus colaboradores. Sin perjuicio de lo cual, se advierte igualmente que su actividad social no solo fue opaca o inexistente, sino que no mereció tampoco el escrutinio de la administración tributaria de nuestro País.
Además de los referidos operadores económicos españoles, varias firmas relacionadas con el dictador Obiang participan de la trama de descapitalización de GUINEXTEBANK, tales como Oficar-Oficar SA, Molinos de Bioko S.A, Sociedad Abayak, Nacimiento S.A., etc. Al igual que numerosas personalidades destacadas del régimen como Felipe Hinestrosa Ikaka (ministro de finanzas y presidente de GUINEXTEBANK), Cristino Seriche Malabo Bioko, Juan Olo Mba Nseng, Fructuoso Mba Oñana, Melchor Ndong Mba, Rosendo Otogo Meñeng, Melchor Okue Moto, Baltasar Engonga Edjo, Martin Nka Esono y Laureano Micha, etc, a los que el banco concede préstamos por cuantías variables pero inferiores (por encubrir al principal malversador).
Una trama corruptiva que financia la prospección petrolífera y minera.
Mientras afirma comprometerse con la reconstrucción nacional a través de la reactivación de la producción del cacao, el tirano tiene la vista puesta ya en los recursos petrolíferos y mineros desde su accesión al poder (se llegó a especular sobre posibles acuerdos con ELF en relación al entonces disputado islote Mbañe, a cambio del apoyo de Omar Bongo a la «Operación León»). De tal suerte que además de la extorsión mediante la concesión de créditos sin criterio de solvencia (directamente al grupo de interés ligado al dictador, o mediante reversión por parte de los terceros beneficiados), el GUINEXTEBANK será asimismo requerido para financiar la prospección petrolífera y minera (al margen de todo control institucional).
Responde a dicha visión la creación de empresas mixtas (hispano-guineanas) para prospectar recursos petrolíferos y mineros. Tales como la «Compañía Mixta Guineo-Española de Petróleos, S.A.» (GEPSA), constituida el 22 de enero de 1980 con un 50 por ciento de participación de la «Sociedad Hispánica de Petróleos, S. A.» (HISPANOIL), dedicada a la exploración petrolífera; la «Empresa Nacional de Investigaciones Mineras», S.A. (ENADIMSA) y la «Compañía Guineo-Española de Minas, S. A.» (GEMSA), dedicadas ambas a la prospección minera. Tales sociedades mixtas no solo operan al margen de un marco legal regulatorio (no existe entonces ni ley de hidrocarburos ni ley de minas), sino que su financiación permanece herméticamente opaca pese a realizarse mediante fondos públicos de ambos Estados.
Los resultados de las campañas de prospección petrolera y minera que llevaron a cabo dichas empresas mixtas tampoco se dieron a conocer ante la opinión publica. Tan solo se difundiría que los mismos fueron escasos y marcadamente desfavorables, sin grandes descubrimientos comerciales propios. GEPSA (que opera con REPSOL) habría realizado las primeras prospecciones off shore en la isla de Bioko y detectados yacimientos de gas, pero estimo que «el descubrimiento no era comercialmente viable» y abandonó (en compensación, REPSOL obtuvo una licencia en 2009 para explotar el bloque C-1 y lo abandono en diciembre de 2011 por ser inviable económicamente»).
Una trama corruptiva ocultada en el proceso de liquidación del banco.
Al igual que ocurriese con los fondos dispuestos por el gobierno español para la asistencia financiera al programa de reactivación económica, los informes del departamento de análisis y planificación del Banco Exterior de España y de PriceWaterHouse y Peat Marwick no precisan la cuantía exacta de las pérdidas ocasionadas a GUINEXTEBANK, afirmando únicamente que las mismas pudieron alcanzar los 2500 millones de pesetas. Tan solo reconocen que, al quebrar el banco, el empresario español Paco Roig le adeuda la cuantía de 1,6 millón usd (165 millones de pesetas), sin especificar la cuantía total que le había sido concedida inicialmente. El mismo mutismo o vaguedad se observa tratándose de los créditos de los que se beneficiaron las innumerables empresas españolas presentes entonces en nuestro País, así como las nacionales, y las personas físicas que actuaban de testaferros del dictador Obiang.
A tal efecto, y si bien inciden los precitados informes de auditoria en «la violación sistemática (por parte del GUINEXTEBANK) de los principios de contabilidad», no debe deducirse de dicha afirmación su incapacidad a realizar la contabilización y la trazabilidad de las deudas contraídas por los citados operadores económicos. Antes bien, debe inferirse de la misma una manifiesta falta de voluntad propiciada por el contexto sociopolítico en el que se enmarca la gestión del Consejo Militar Supremo (legalidad de excepción, inexistencia de mecanismos institucionales de control de la acción de la junta militar, etc). De tal manera que pese a constatar la quiebra técnica del banco, sin embargo, sus instancias directivas nunca realizaron gestiones tendentes al cobro a los morosos (como decimos, por consideración de su perfil político). Antes bien, a raíz de los tan citados informes de auditoría, el gobierno español concede al homólogo de Guinea Ecuatorial un crédito de 500 millones de pesetas para el reflotamiento del banco (monto correspondiente a los depósitos realizados hasta entonces por ciudadanos y empresas españoles). Seguidamente se constituye la empresa mixta UNIGIS, a la que se encomienda la liquidación del banco, bajo el asesoramiento del Banco Mundial (y del economista Francesc Cabana). En lógica con lo ante descrito, la actividad de la referida firma liquidadora permanece a día de hoy afectada por la ley del silencio (materia reservada), no constando informe sobre las cuentas finales del banco, los balances de liquidación, los datos sobre realización del patrimonio y cobro de créditos pendientes, etc.
Aun así, y pese a constatar el informe de la precitada comisión parlamentaria que « no se ha podido discernir como ni quién ha adoptado las decisiones que han conducido a la espiral de desastre desde 1985 hasta la liquidación del GUINEXTEBANK… » y que « la actual política de cooperación se ha saldado con un fracaso », el gobierno español aprobó en 1990 el Segundo Plan Marco de Cooperación, por el que se comprometía a invertir 12.780 millones de pesetas entre 1991 y 1994 (se proponía invertir precisamente 50.000 millones en un período de cinco años, a razón de 10.000 millones anuales, reanudando la protección de todo tipo de riesgos a las empresas españolas, al darse cuenta que éstas habían sido suplantadas por compañías francesas).
Una trama corruptiva ocultada mediante simulacro de juicio.
Sin perjuicio del descrito proceso político de ocultación de la trama de descapitalización del GUINEXTEBANK, y consciente de que la misma es presuntamente constitutiva de los delitos de quiebra fraudulenta, de estafa, de malversación de fondos públicos y de falsificación de documentos, la justicia guineoecuatoriana emprende acciones (en junio de 1989) contra los ciudadanos españoles Emilio León Mayoral y José Luis Santamaría (ex directores del Guínextebank), José Antonio Tuñón (ex empleado del banco), y el matrimonio formado por Francisco Castro López y María del Halcón Morales (dueños y directores de las firmas Molinos de Bioco, en anagrama MOBISA, e Industrias de Panadería de España y Guinea, en anagrama IPEGSA), y contra los ecuatoguineanos Felipe Hinestrosa (ex ministro de Finanzas y ex presidente del Consejo de Administración de Guinextebank del banco), Rosendo Otogo Meñeng (ex empleado de la entidad), y Melchor Okue Moto (ex jefe del departamento extranjero del banco). Relevándose que por su cercanía con el dictador Obiang, la referida acción judicial no se extiende a Paco Roig, a pesar de los innumerables indicios que pudieran atestar de su implicación en la trama corruptiva que trae a causa la iniciada acción. Tras la correspondiente vista oral y publica, el Tribunal de Apelación de Malabo (presidido por el magistrado Federico Elá Owono, qepd) condenó en rebeldía al matrimonio español formado por Francisco Castro López y María del Halcón García Morales, al tiempo que absolvió a los españoles Emilio León Mayoral, José Luis Santamaría, y José Antonio Tuñón, y a los guineoecuatorianos Melchor Okue Moto, Rosendo Otogo Meñeng y Felipe Hinestrosa lkaka. Con lo cual el régimen de Obiang pretendió dar por conclusa toda conjetura acerca de la repetida trama corruptiva.
Sin embargo, por consideración de su descomunal amplitud y de sus nefastas consecuencias sobre la situación socioeconómica de nuestro País, tales crímenes financieros deben merecer el escrutinio de una justicia transicional independiente, al objeto de restitución de los activos financieros malversados y ocultados a través de la repetida trama corruptiva dirigida por el dictador Obiang (a través de los datos de los servicios fiscales y aduaneros, y de otros indicadores contables o bancarios, que pudieran permitir una conciliación con la información obrante ante el Banco Exterior de España).
