Estimados Compatriotas,
Una vez relatado el contexto histórico que conllevo la designación de la ciudad de Malabo (creada como Port-Clarence, y renombrada Santa Isabel) como capital de la Nación, exponemos a continuación los argumentos de jure y de facto en los que se funda nuestra más viva repulsa al iniciado traslado de la capital política y administrativa al poblado de Oyala.
La decisión de traslado es inconstitucional.
Al ordenar discrecionalmente el traslado de la capital al poblado de Oyala (mediante decreto-ley número 1/2026, de fecha 2 de enero de 2026), el régimen lo justificó invocando la necesidad de asumir presuntos retos urbanísticos. Al tiempo que eludió todo debate democrático acerca de dicha motivación falaz imponiendo la susodicha orden de traslado mediante una desviación del consabido mecanismo de habilitación legislativa del articulo 81 LFGE. El cual, al constituir una excepción al principio de separación de poderes, requiere una autorización legislativa motivada (y no simplemente “oír el parecer de ambas Mesas del Parlamento Nacional”) y solo procede durante el intermedio de las sesiones parlamentarias (y no mientras pudiera y debiera convocarse una sesión extraordinaria para debatir cuestiones trascendentes).
Empero, aun cuando parezca redundante afirmarlo, la habilitación legislativa solo puede concernir materias que relevan expresis verbis del ambito legislativo (el traslado de la capital política no se asimila a la invocada potestad conferida al parlamento en materia de organización administrativa y financiera del Estado, del articulo 69 inciso h LFGE), y solo procedera si incumbíera taxativamente al parlamento la determinación de los símbolos y atributos del Estado tales como la bandera, el himno nacional, la sede de las instituciones oficiales (emplazamiento de la capital política y administrativa), etc. Una trascendente potestad que incumbe en realidad al mismo Pueblo soberano, que lo ejerció libre y democráticamente al acceder nuestro País a la soberanía internacional (el 12 de octubre de 1968), designando como capital la ciudad entonces denominada Santa Isabel, renombrada Malabo en 1973 (también de forma arbitraria) por el precedente tirano Macias Nguema Biyogo.
Por tanto, y por paralelismo, el traslado de la capital política debió relevar de la decisión soberana del Pueblo y no de sus delegatarios ficticios (todos los parlamentarios son del PDGE y fueron designados mediante fraude electoral). Por ende, las disposiciones constitucionales invocadas en el decreto-ley (artículos 7, 33 y 38, que facultan al presidente para promover la unidad nacional, el progreso económico, social y cultural, y definir la política de la Nación, arbitrar el funcionamiento de los poderes públicos, etc) no facultan al presidente a decidir del traslado de la capital. El cual debe considerarse, a todas luces, como contrario a la vigente Ley Fundamental.
La decisión de traslado es arbitraria
A la diferencia de traslados de capitales operados en otros paises, el de la capital guineoecuatoriana no resulta de una consulta democrática ni se funda en ningún informe técnico que avale la saturación urbanística de la ciudad de Malabo. Es una decisión que resulta de la única voluntad arbitraria del tirano Obiang. Una aseveración que ilustraremos mediante un analisis comparativo con el proceso de traslado de la capital política nigeriana de Lagos a Abuja.
En efecto, a diferencia de la opacidad que envuelve el traslado forzoso de la capital a Oyala, el de la capital nigeriana se acordó siguiendo las recomendaciones de un comité independiente (designado por el presidente Murtala Mohamed y presidido por el juez Akinola Aguda) que determinó, tras rigurosos estudios técnicos, que la ciudad de Lagos (entonces sobrepoblada, con mas de 15 millones de habitantes) había alcanzado su punto de saturación y se enfrentaba a retos urbanísticos insolubles (limitaciones estructurales, vulnerabilidad a riesgos medioambientales, insalubridad, inundaciones, congestión del tráfico, etc). A raíz de lo cual se adoptó la propuesta de traslado de la capital a una nueva ciudad por crearse (mediante decreto n° 6 del 4 de febrero de 1976), encomendándose su materialización a un comité de supervisión (Federal Capital Development Authority). A través de un proceso de licitación internacional, dicho ente encargo a su vez la concepción y la construcción de la nueva capital a un consorcio (International Planning Associates) que reagrupaba a tres empresas norteamericanas, Planning Research Corporation, Wallace, Roberts, McHarg & Todd, y Archi Systems International. El cual elaboró el plan maestro en el que se fija el emplazamiento de la nueva capital, las normas de concepción y de ordenación, el esquema urbanístico y los principales elementos conceptuales, la estructura general de la ciudad, encomendados al arquitecto japones Kenzo Tange (Kenzo Tange and Urtec), etc. Dicho plan director, inspirado del precedente traslado de la capital brasileña a la nueva ciudad de Brasilia, fue aprobado por la Federal Capital Development Authority el 15 de febrero 1979. Y tras materializarse el proyecto de construcción, el mismo traslado de la capital a Abuja se llevaría a efecto el 12 de diciembre de 1991 (bajo la presidencia de Olusegun Obasanjo).
De contrario, cuando el tirano Obiang ordena la construcción de la futura capital en Oyala (en 2010), no resulta de un proceso decisorio como el que se siguió en Nigeria, sino de su única voluntad discrecional. En este caso, ningún organo consultivo independiente avala el proyecto de traslado de la capital, tampoco se publicita, a fortiori, una licitación internacional para designar gabinetes de arquitectura para la concepción y de la construcción de la nueva capital (si bien se contrató recientemente al gabinete portugués FAT y al chino ICCC). No existe un plan director que fije el emplazamiento de la nueva capital (decidido de oficio por el tirano), las normas de concepción y de ordenación, el esquema urbanístico y los elementos conceptuales de la nueva capital.
La referida opacidad se extiende naturalmente a la financiación de la nueva capital, a la que, se ha consagrado ingentes recursos que pudieran servir para afrontar no solo los invocados retos urbanísticos de las ciudades de Malabo y Bata, sino toda la demanda social derivada de la pauperización generalizada (a consecuencia de la malversación de fondos públicos por la familia Obiang). A través de las contradicciones que encierra el plan estratégico H2035, el régimen reconoce así, es de suponer involuntariamente, que pese a haber logrado una “transformación sin precedentes” en cuanto a su dotación de infraestructuras básicas, el País afronta todavía cotas alarmantes de pobreza y busca todavía erradicar el hambre, la falta de agua potable, etc. Dando a entender que el régimen es consciente de que la financiación del proyecto de nueva capital se realiza en detrimento de los intereses vitales de más del 70% de los guineoecuatorianos que viven bajo el umbral de la pobreza.
La decisión de traslado se funda en motivos falaces.
Conforme informamos, el traslado de la capital al poblado de Oyala pretende sortear la saturación urbanística de Malabo derivada de la sobrepoblación (el Decreto-Ley Núm. 1/2026, de fecha 2 de enero de 2026 afirma que « Malabo y Bata han vivido en las últimas décadas un crecimiento urbano acelerado que ha generado retos significativos de planificación urbana, presión sobre los servicios básicos, que acentuan el desequilibrio territorial y sobrecarga en redes de transporte y comunicación, que a término debilitan la cohesión nacional y obstaculizan objetivos de desarrollo sostenible »). Sin que se fundara dicha afirmación en un estudio técnico previo que acreditase tal tesitura (tal como ocurrió en Nigeria). Lo cual denota una temeraria mala fe caracterizada, a la vista de los datos poblacionales y urbanísticos de Malabo.
En efecto, al iniciarse la construcción de Oyala en 2010, la población de Malabo es inferior a 170.000 habitantes (comparable a la de un barrio madrileño como Chamartin), y es a día de hoy de apenas 260.000 habitantes (mientras que la población de Libreville es de 900.000, la de Bangui de 1.500.000, la de Ndjaména de 1.700.000, la de Brazzaville de 2.200.000, y la de Yaounde de 2.800.000 habitantes). Malabo es por tanto la capital menos poblada de toda la subregión de la CEMAC, y la única que no ha experimentado un crecimiento demográfico descontrolado bajo el consabido efecto del éxodo rural. Malabo no conoce por tanto, ni entonces ni ahora, tensiones demograficas que pudieran generar retos urbanísticos insolubles en cuanto a movilidad (infraestructuras viales), habitabilidad (crecimiento desordenado, asentamientos informales, suburdios, etc), o saneamiento (tratamiento de aguas fluviales y de residuos domesticos). En realidad, las deficiencias en la planificación urbanística de Malabo relevan única y exclusivemente de la incapacidad y falta de voluntad política del régimen dictatorial de Obiang.
Toda vez que al salir de la dictadura macista en 1979, la ciudad de Malabo se halla en estado de abandono total, y desde entonces el Consejo Militar Supremo se comprometió a restaurar su prestigio y realce a través del programa denominado de « reconstruccion nacional », sin llevarlo a efecto. Desde que el País dispuso de ingentes recursos financieros, a partir de los años 90, el régimen elaboró politicas sectoriales para promover el desarrollo socioeconómico global (a través de los precitados planes estratégicos H2020 y H2035) que redundan a día de hoy, como hemos dicho, en un estrepitoso fracaso. Cuyo único legado es la política de circunvalación, por la que el régimen relega la solución de los retos urbanísticos potenciando las zonas periurbanas para simular una transformacion física de envergadura. En Malabo 2 y Bata 2, una autovía de circunvalación de apenas 8 kilometros, bordeada por escasos edificios de viviendas sociales y edificios administrativos (véase la “ciudad de la Unión Africana” de Sipopo, de los distritos urbanos, etc).
A través de la descrita política, el tirano y su familia se han acaparado de todo el espacio urbano habitable de las principales ciudades, en Bata ocupan más del 60% del espacio urbano (palacios de Miyoman, Asonga, Ekuku, etc), en Malabo (toda la zona de Punta Fernanda hasta el puerto, Abayak, kilometro 2, La Colina, etc), en Mongomo (una zona equivalente a 20 veces el casco urbano, desde Mbon Andom hasta Yefea), etc. Relegando a la ciudadania, a defecto de una politica de vivienda, a las zonas periféricas no edificables. Véase la apropiación ilícita de numerosos inmuebles privados tales como los hoteles Bahía, Ureka y Bantú, Casino, Torres y Alcaíde, etc. Otro legado notorio de la actual dictadura es la política de ocupacion militar del espacio urbanístico, y que concierne (en Malabo) a los cuarteles Mañe Elá (que absorbió la zona de Santa Maria), Sipopo, Ela Nguema, barrio de la presidencia, etc.
Por tanto, y a pesar de los ingentes recursos que le granjearon 30 años de explotacion petrolífera, el régimen no ha promovido la ordenación urbanística de la ciudad de Malabo. Solo pretendió erradicar el legado arquitectural de la colonización española ordenando la demolición del ayuntamiento de Malabo (y el de Bata) y de otros inmuebles sitos en la zona presidencial. En su lugar, ha construido innumerables palacios y cuarteles militares por todo el ámbito nacional. No ha implementado políticas en materia de erradicación de la insalubridad (recogida y tratamiento de residuos domesticos, de aguas residuales, etc), de desenclavamiento de las zonas periurbanas (inexistencia de infraestructuras viales y de transporte público). En definitiva, y a consecuencia de la falta de voluntad politica del régimen dictatorial de Obiang, la ciudad de Malabo aún registra a día de hoy importantes deficiencias en cuanto a los servicios básicos, tales como la atención médica (el régimen solo construyo clinicas privadas « La Paz » y « Guadalupe » inaccesibles para el ciudadano de a píe), la distribución de agua potable (inexistente) , el suministro permanente de fluido electrico, la recogida de residuos domesticos, etc.
Epílogo
El reprobado traslado forzoso de la capital al poblado de Oyala ilustra una vez más la inexistencia de una política de desarrollo cohesionado, y la falta de visión estratégica de la más longeva dictadura del mundo. En efecto, la irresuelta presión sobre las infraestructuras sociales (originada por el crecimiento demográfico y la pauperización generalizada) se trasladará igualmente a la ciudad fantasma de Oyala, en la que incidirá, fatalmente, en la creación de nuevos asentamientos informales fuera de la planificación prevista en la nueva capital. Toda vez que la incapacidad de la población para satisfacer dignamente las necesidades básicas de la vida urbana propicia los mismos desafíos medioambientales en todas las ciudades del mundo y, a fortiori, en las de nuestro País (Bata, Malabo y ahora Oyala).
