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Desde hace medio siglo, se ha venido denunciando las violaciones de derechos humanos perpetradas en Guinea Ecuatorial contra la disidencia y contra los activistas pro derechos humanos. Obviando a menudo extender tales denuncias a las violaciones de derechos humanos que afectan a la ciudadanía en general. A día de hoy, tales denuncias solo han dado lugar a recomendaciones ineficaces para garantizar la sujección de los poderes públicos a la Ley.

Se han iniciado acciones contra Teodoro Nguema Obiang en los Estados Unidos y en Francia, por malversación y blanqueo de fondos públicos, sin que las mismas se extendieran a todas las demás personas implicadas en dicha trama corruptiva en calidad de co-autores, cómplices, intermediarios o facilitadores. Pese a ostentar la defensa del interes general de la ciudadanía frente a la dictadura, la sociedad civil nacional no fue admitida a comparecer como parte agraviada en los anteriores procesos. Por ende, pese a la gravedad de los hechos encausados, los referidos procesos dieron lugar a condenas simbólicas o inejecutables (véase la reafectación fraudulenta del inmueble Foch 42 a uso diplomático) y, en ocasiones, a la exención de responsabilidad penal de Teodoro Nguema Obiang, pese a exigirsele la derivada responsabilidad civil subsidiaria. Al término de dichos procesos, varias ONGs internacionales propiciaron la adopción de una normativa reguladora de la restitución de los activos confiscados (Ley Sueur en Francia) en aplicación del Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción. A dicho proceso normativo tampoco se asoció a la sociedad civil nacional, ni se prevé integrarla en los órganos de seguimiento y monitoreo del proceso de restitución de los activos confiscados.

En su virtud, desde su creación NEXOS GE ha iniciado una campaña internacional para garantizar la defensa de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, y para exigir la restitución íntegra de todos los activos confiscados en el extranjero, así como su reafectación a la satisfacción del interés general. En la medida en que la amplísima trama de malversación y blanqueo de fondos públicos ha derivado en una negación de los derechos económicos y sociales básicos de la ciudadanía.
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Durante las últimas cinco décadas, Guinea Ecuatorial ha sido escenario de un sinfín de violaciones de los derechos humanos. A menudo, los informes se han centrado solo en la persecución de disidentes, ignorando el sufrimiento de los ciudadanos comunes. Lamentablemente, estas denuncias rara vez han llevado a acciones efectivas.

La Lucha por la Justicia y la Restitución de Activos

Los responsables de la corrupción no han sido llevados ante la justicia de forma completa. Los juicios contra Teodorín Nguema Obiang en Estados Unidos y Francia por malversación y lavado de dinero han sido incompletos, sin extenderse a todos los cómplices, intermediarios y facilitadores de este esquema corrupto.

A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil nacional por defender los derechos de los ciudadanos, han sido excluidos de los juicios. Esto ha hecho que las sentencias sean, en gran medida, simbólicas. Por ejemplo, la reasignación del edificio Foch 42 en París para fines diplomáticos en lugar de ser restituido al pueblo. Además, Teodorín Nguema Obiang fue eximido de responsabilidad penal a pesar de su clara conexión con el escándalo.

Más tarde, varias ONG internacionales promovieron leyes para la restitución de bienes (como la “Ley Sueur” en Francia). Sin embargo, la sociedad civil de Guinea Ecuatorial fue nuevamente excluida del proceso, sin tener voz en cómo se administran o restituyen los bienes incautados.

Nuestra Campaña: De la Simbolismo a la Acción Real

Desde su creación, NEXOS-GE ha lanzado una campaña internacional con un doble propósito:

  1. Garantizar la defensa de todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos, sin distinción.
  2. Exigir la restitución total de todos los activos confiscados en el extranjero y que sean reasignados para el bien común.

Creemos que la corrupción no es solo un crimen financiero; es una violación de los derechos humanos fundamentales. La malversación masiva ha negado a los ciudadanos el acceso a servicios básicos como la sanidad y la educación, privándolos de sus derechos económicos y sociales.

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