De la trascendencia de la defensa de los derechos económicos y sociales


Alocución de la Doctora Fausta con ocasión del día internacional de los Derechos humanos

Queridos compatriotas,

Por consideración de la extrema degradación del contexto socioeconómico del País (atestada por los indicadores macroeconómicos revelados por el FMI, Banco Mundial y el PNUD) quisiera, a colación de las precedentes disertaciones, abundar sobre la trascendencia de la defensa de los derechos económicos y sociales. Cuya violación afecta al 70% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, y es por tanto, si cabe, la modalidad más expandida. Si bien se aborda a menudo de forma alusiva, correlacionada con los delitos perpetrados de manera continua por el dictador y su familia contra el erario público.

Cuáles son los derechos económicos y sociales

La Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales definidos en el Pacto Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), referidos al derecho de todo ciudadano a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a una vivienda, a la educación, a la salud física y mental, a la seguridad social, al empleo, etc.

En tanto que miembro de la ONU, el Estado guineoecuatoriano consagra consecuentemente (en su Ley Fundamental) al ser humano como fin supremo del Estado, y le confiere derechos económicos, sociales y culturales, obligándose a promover el desarrollo social y cultural de los ciudadanos, proveerles un empleo digno que garantice a la familia condiciones morales, culturales y económicas optimas, fomentar y promover la atención primaria de la salud, y la gratuidad de la educación.

Los derechos económicos y sociales enunciados por la Ley Fundamental requieren por tanto del gobernante la obligación de proveer condiciones de vida dignas a la ciudadanía, merced a la administración leal y transparente de los recursos del Estado. Sin embargo, a día de hoy, la dictadura asigna menos del 2% de sus ingentes recursos (procedentes de la renta petrolera) al atendimiento de la ínfima demanda social planteada por una escasa población en realidad inferior a un millón de habitantes. Mientras malversa y blanquea los recursos del Estado en el extranjero (Estados Unidos, Francia, Suiza, Brasil, Suráfrica, etc).

Cuál es la amplitud de las violaciones de Derechos Económicos y Sociales

Por tanto, pese al compromiso internacional adquirido, el Estado de Guinea Ecuatorial incumple deliberadamente la obligación de garantizar la efectividad de los derechos económicos y sociales consagrados por su propia constitución. Al reafectarse los recursos del Estado al patrimonio privado del tirano y al de sus enlaces internacionales, lo cual determina la incapacidad del Estado de proveer servicios públicos esenciales (vivienda, empleo, atención sanitaria, etc). Conforme atesta la correlación entre las actuales tasas de pobreza (más del 70%), de desempleo (40%) e Índice de Desarrollo Humano (133), y su desproporcionalidad con las cuantías descomunales de fondos públicos malversados por la dictadura (con creces, superiores al coste de toda la demanda social de las últimas cuatro décadas).

Contrariamente a las violaciones de derechos humanos de índole política que afectan esencialmente a activistas de la disidencia (los pocos que osan reivindicarlos), las de los DES afectan de manera indiscriminada al 70% (véase la referida tasa) de la población que sobrevive debajo del umbral de la pobreza, a consecuencia de la malversación sistemática de los recursos del Estado y de su blanqueo en el extranjero. Y a pesar de sus ingentes recursos petroleros, la agenda oficial Guinea Ecuatorial 2035 aun contempla « promover el desarrollo humano equitativo y el bienestar de los ecuatoguineanos, erradicar el hambre y la pobreza y promover el desarrollo a nivel educativo y sanitario de la población ». 

Numerosas investigaciones atestan de la amplitud de la referida trama corruptiva internacional (Senado y Fiscalía de los EE.UU, Riggs Bank, « Dubai Unlock, Dubai Uncovered », pronunciamientos judiciales Corte Internacional de Justicia, Biens Mal Acquis Francia, Suiza, Suráfrica y Brasil, Espana Kokorev. Si bien la amplitud de la ramificación nacional de la misma no ha sido escrutada a día de hoy, ante la subordinación política del poder judicial y la derivada impunidad de sus promotores. Aun cuando la misma se antoja descomunal (según la revista Forbes que sitúa al tirano entre los estadistas más acaudalados del mundo).

A título ilustrativo, un estudio de la Universidad de Massachusetts (Programa de Políticas de Desarrollo en África) « On the Trail of Capital Flight From Africa » (Tras la pista de la fuga de capitales de África), publicado a principios del presente año sobre la fuga ilegal de capitales de Angola, Costa de Marfil y Sudáfrica concluye que estos tres países juntos perdieron una media de 60.000 millones de dólares al año durante cinco décadas. Más de lo que reciben en ayuda exterior, inversión extranjera directa, remesas y cualquier otro flujo.

En Guinea Ecuatorial, para el periodo anterior al inicio de la causa seguida contra Teodorin ante la justicia francesa por malversación y blanqueo de fondos públicos, el interesado había desfalcado la astronómica suma de ochocientos sesenta (860) millones de euros al erario público de Guinea Ecuatorial con la complicidad del jefe de Estado, único ordenador de gastos. Habiéndolo destinado a la compra de bienes inmuebles (en Paris, Bel Air, Malibu, Clifton y Bishopscourt, Rio de Janeiro, Sao Paulo), de 2 yates, de un avión privado gulfstream, una flota de vehículos de lujo, obras de arte, joyas exclusivas, etc.

A título de ejemplo, con ocasión de subastas organizadas por Christie’s en mayo y en noviembre de 2008, Teodorin adquirió una colección de pinturas de Degas, Monet, Picasso, Renoir, Gauguin y Matisse, por valor de 61.469.000 dólares, actualmente custodiadas por bancos de los Emirato Árabes Unidos.

En diciembre de 2010, Teodorin adquirió muebles y obras de arte, objetos antiguos y de orfebrería al anticuario Didier AARON por valor de más de 16 millones de euros y joyas por valor de 10 millones de euros.

Para sus actividades recreativas (con su difunto amigo Jeffrey Epstein), gasta semanalmente unos dos millones (2.000.000) usd. Véase el monto que le fue incautado el 15 de septiembre de 2018 en el aeropuerto de Viracopos (Brasil), de poco más de 1.500.000 dólares US.

Estimados compatriotas,

En vista de la triste realidad de nuestro País (comparable a la de otros países africanos, véanse Mobutu, Bongo, Ben Ali, etc), acapararse de los recursos de un Estado y sumir a la población en el hambre y en la miseria debiera considerarse como un crimen de lesa humanidad y una violación del estado de derecho de una extrema gravedad.

En tal sentido, la malversación sistemática de los recursos financieros de un Estado debiera encararse como una modalidad delictiva con entidad propia, disociada del delito común de corrupción transnacional referido en la citada Convención de Mérida. En la medida en que la aplicación de dicho instrumento internacional desemboca en pronunciamientos judiciales lenitivos (acuerdo extra judicial con el ministerio público estadounidense, condena suspensiva de Teodorin en Francia), impunidad para los co-autores y cómplices (el tirano Obiang, Gabriel Lima, etc), encubridores, facilitadores, etc. Resulta insultante constatar que de la amplísima trama de blanqueo de fondos públicos urdida por Teodorin en Francia no resultara siquiera procesado nadie más…

Por ende, la restitución de los activos confiscados en el marco de los referidos procesos redunda a menudo en una doble expoliación da la población afectada. Tal como en Francia donde la legislación nacional (loi Sueur promovida por la ONG Transparency International) asigna de oficio al Estado francés la mitad del valor de los activos. Contradiciendo así la obligación de restitución integra consagrada por la citada convención de Mérida. 

En fe de lo cual, aparece como una exigencia perentoria instar la defensa de los derechos económicos y sociales de nuestros conciudadanos, y apelar consecuentemente al deber de asistencia humanitaria de la comunidad internacional a favor del martirizado Pueblo de Guinea Ecuatorial.

Muchas gracias por su atención.

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